La nueva Ley del Suelo supone un cambio radical en los métodos de valoración del suelo. Según esto, una parte importante del patrimonio de las inmobiliarias, que es suelo adquirido en función de sus expectativas futuras de convertirse en urbano, pasa de valorarse en función de su precio futuro como componente de una vivienda (cara), a valorarse oficialmente (y poderse expropiar) en función de su rendimiento actual como terreno productor de patatas (baratas).

Ese, y un montón de hierros y hormigón (baratos) en vías de convertirse en edificios caros (o no tan caros, o no convertirse…) es el patrimonio que responde por las ingentes deudas de los promotores.

Las entidades financieras son conscientes de que ese agujero está de hecho en sus propios activos, y empiezan a retirar sus créditos… cuando pueden.

Nadie dijo nada cuando se promulgó esta nefasta Ley, porque los promotores ganaban mucha pasta y todo iba bien, pero nadie se atreve ahora a actualizar las valoraciones patrimoniales de las inmobiliarias.

Algo me dice que no hemos tocado fondo, que sólo nos queda ver y esperar. Mientras ajustemos mentes y bolsillos a la crisis.